lunes, 8 de marzo de 2010

De la conciliación a la corresponsabilidad.


Marcela Lagarde


“esta es la contribución de las feministas: primero, al visibilizar y valorar el aporte del cuidado de las mujeres al desarrollo y el bienestar de los otros; segundo, con la propuesta del reparto equitativo del cuidado en la comunidad, en particular entre mujeres y hombres, y entre sociedad y Estado. Y, tercero, la resignificación del contenido del cuidado como el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona, de cada mujer, esté basada en la vigencia de sus derechos humanos. En primer término, el derecho a la vida en primera persona”.


La conciliación ha entrado a formar parte de la agenda política, si bien, como muchos otros aspectos de la igualdad, los enfoques presentan diferencias según sean apuestas progresistas o conservadoras. Prueba de ello es que durante el gobierno del P.P, la conciliación fue impulsada como la solución para lograr la igualdad de género, una conciliación dirigida, eso si, exclusivamente al ámbito laboral, haciendo de ella un asunto especifico de las madres trabajadoras, mientras que otros aspectos como el compartir los cuidados, o la responsabilidad del Estado en la oferta y prestación de servicios no fueron incluidos en el debate,  por entender que  la conciliación es un problema de las mujeres en general y de las madres trabajadoras en particular, es decir, si no hay hijos/as, no hay nada que conciliar y si las madres no trabajan fuera del hogar tampoco, ignorando así las necesidades e intereses de las otras mujeres. 

En este enfoque, las mujeres son las principales responsables del cuidado, que parece ser un problema exclusivo de ellas puesto que solo a ellas se les hacen responsables de los cambio. Como señalaba el PP en su programa electoral de 2004: “Queremos que las madres desarrollen sus carreras profesionales y tengan los hijos que deseen. Hacer compatibles la responsabilidad familiar y la ocupación laboral es una meta posible y deseable en España”. 

Se trata por tanto de una conciliación enfocada al hecho de ser madre, haciendo invisibles otras realidades de la conciliación como es el cuidado de las personas mayores, las personas dependientes  o las personas con discapacidad. Prueba de ello es que el envejecimiento de la población y el cuidado de las personas mayores han recibido mucha menos atención hasta la llegada de la Ley de Atención a la Dependencia.



Por el contrario, las diferentes iniciativas desde la izquierda política  parten de entender la conciliación no como la solución a la desigualdad de género sino como el problema.  La Ley de Igualdad o la Ley de Atención a la Dependencia entre otras, han puesto sobre la mesa la necesidad de compartir las responsabilidades en lo público y privado entre hombres y mujeres. 

En este enfoque, se intenta superar el cuidado entendido como "trabajo femenino". El ámbito privado no se entiende como una espacio intocable e intimo donde el Estado no ha de llegar por que no tiene responsabilidad, y  las iniciativas adoptadas para mejorar la conciliación y la coresponsabilidad entre hombres y mujeres están enfocadas básicamente al ámbito legislativo y del desarrollo de  las  políticas de Estado de bienestar.  

Por todo ello, el mejor camino para avanzar hacia la co-responsabilidad es entender la conciliación como un derecho de la ciudadanía. Aquí nuevamente podemos ver la evolución en algunos discursos que dan un salto cualitativo en la concepción de la conciliación relacionada con los derechos de la ciudadanía, alejándose  de la idea de la familia tradicional como unidad básica de la sociedad, mientras que se  enfatiza en el papel de los/las ciudadanos/as. Estos discursos se basan en la necesidad de creación de servicios públicos que cubran las necesidades de los/las ciudadanos/as y por otro lado en que las condiciones de trabajo deben adaptarse a las necesidades de la ciudadanía a través de una flexibilización del trabajo (para hombres y mujeres). 

En este camino uno de los retos que nos quedan por delante es el relativo a las propuestas presentadas por la Unión Europea sobre los permisos “parentales” para aumentarlos a un mínimo de cuatro meses por “progenitor”. De estos cuatro meses, sólo uno sería intransferible, es decir, no podría traspasarse a la otra parte. Además, tampoco obligan a que sean remunerados, por lo que cada país de la UE decidiría en que porcentaje sería retribuido. El propio nombre de “permisos parentales” ya resulta engañoso puesto que en la práctica, se van a convertir en permisos disfrutados sólo por la mujer. 

Por ello, estas iniciativas han de ser analizadas con cuidado puesto que tienden a aumentar la brecha entre mujeres y hombres, ya que la práctica nos dice que en aquellos países donde existe una parte del permiso transferible, acaba disfrutándolo siempre la mujer. Esto no favorece la igualdad entre géneros y la ruptura de los roles tradicionales que asocian a la mujer, única y exclusivamente, al cuidado y la atención. 

Si bien seria impensable que alguien cediera parte de su prestación por desempleo o de sus vacaciones a otra persona, con los permisos de paternidad y maternidad debería ocurrir lo mismo. En países con una alta parte transferible, como Noruega, Suecia y Finlandia, el porcentaje de hombres que disfrutan esta parte no llega, en ningún caso, al 20% y algunos se están planteando ya individualizar los permisos. En Islandia, en el año 2000 se aprobó una ley que equiparó los permisos de paternidad y maternidad y de manera gradual fue aumentando la prestación de los padres hasta igualarla a la de las madres. A partir de ese año, el permiso de los padres se incrementó en un mes hasta llegar en 2003  a los tres meses que ya tenían las madres. Ahora cada progenitor puede disfrutar de un permiso de tres meses individual, es decir, que no puede ser transferido. Además, hay otros tres meses que pueden tomarse tanto el padre como la madre. 

En el caso español, sólo un 3% de los varones disfruta de alguna parte de las semanas transferibles del permiso de maternidad. Por el contrario, en el caso del Permiso de Paternidad, que sí es intransferible, el porcentaje sube al 78,5 %, aun cuando no es obligatorio.



Desde el Consejo de Europa se está trabajando en la importancia de que para que la mujer se incorpore realmente al trabajo tiene que haber un reparto de la carga en el hogar, al margen de que luego el Estado disponga de una red de  guarderías o centros de apoyo y atención a personas dependientes. Además parece obvio que, si los hombres deben invertir el mismo tiempo que las mujeres en el hogar, necesitan tener el derecho legal que les permita hacerlo. En la situación actual, por mucho que un hombre quiera ser igualitario y compartir todo al 50% con su pareja, la normativa y legislación laboral no le facilita hacerlo puesto que al padre se le conceden muy pocos días para ocuparse de su bebé recién nacido.






1 comentario:

Velda Rae dijo...

Bienvenida a la blogosfera, wapa. Toca mañana segunda jornada, ¿no? :-*