martes, 4 de febrero de 2014

El derecho al aborto. 44 años de lucha y lo que te rondaré morena!!!















1970. En Francia, con motivo del juicio por aborto de Bobigni, se lanza el llamado Manifiesto de las 343, que fue firmado por mujeres feministas de relevancia intelectual y social (Simone de Beauvoir, entre otras). Las firmantes pedían la legalización del aborto y la necesidad de que éste se practicara en condiciones saludables. Ley de aborto en 1974.

1973. En Italia se crea el Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto (CISA) en defensa del “aborto libre, gratuito y autogestionado”. En abril de 1978 se aprueba una ley sobre el aborto en Italia. La experiencia francesa e italiana influirá en el movimiento feminista español.

1976. Octubre: son detenidas once mujeres en Basauri acusadas, dos de ellas, de practicar abortos y el resto por someterse a prácticas abortivas.

1977. El movimiento feminista realiza una campaña por la legalización de los anticonceptivos, por una sexualidad libre y por el derecho al aborto. Se exige la amnistía para las mujeres condenadas por los llamados “delitos específicos”, entre los que se encontraba el aborto.

1978.
Legalización de los anticonceptivos. Junio: primera reunión para preparar la campaña internacional por el derecho al aborto en Londres. La Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español critica el texto constitucional que se somete a referéndum, entre otros aspectos, por el artículo 15 (“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...”), al considerar que dificultará el reconocimiento pleno del derecho al aborto.

1979. Desde algunos grupos de profesionales pro-derecho al aborto, como en Valencia, se comienza la práctica clandestina de interrupciones voluntarias del embarazo. Octubre: se suspende la vista oral del procesamiento a las “once mujeres de Bilbao”. Son acusadas a penas que van entre seis meses y un día hasta los sesenta años. En Barcelona, Valencia, Sevilla, Canarias, Valladolid, Oviedo, Madrid, Zaragoza y Bilbao..., se producen numerosas manifestaciones y encierros en apoyo a las “once mujeres de Bilbao”. El mismo día 26, ante la Audiencia de Bilbao, se manifiestan 3.000 personas. Estas movilizaciones son impulsadas por la Coordinadora feminista estatal que, siguiendo el ejemplo de las francesas, recoge más de 1.000 firmas de mujeres y hombres famosos que afirman haber abortado o colaborado en abortos clandestinos. Diciembre: se celebra un juicio en Madrid contra ocho mujeres y un hombre acusados de practicar abortos.

1980.  Enero: puesta en marcha del centro de información sexual Los Naranjos en Sevilla. En octubre irrumpe la Guardia Civil en ese centro. Son detenidas 29 personas, veinte de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas. Se incautan 432 expedientes de personas que solicitaron información sobre sexualidad en Los Naranjos. Amplias movilizaciones de apoyo convocadas por la Coordinadora feminista estatal y numerosas muestras de solidaridad de distintos lugares de Europa. Noviembre: comienza el proceso que durará nueve años contra 8 personas miembros del colectivo de Los Naranjos.

1981. Enero: se entregan en el juzgado número seis de Sevilla 26.249 firmas de mujeres y hombres que declararon haber abortado o colaborado en la práctica de abortos. Entre 1981 y 1983 se extienden las experiencias de planificación y realización de abortos. Se trata de extender el aprendizaje con el método Karman. Detenciones en 1981 y 1983 de Pere Enguix y su grupo de Valencia. Junio: nueva vista del juicio de Bilbao. Se vuelve a suspender ante la ausencia de dos de las acusadas. Diciembre: se celebra en la Universidad Complutense de Madrid unas Jornadas estatales bajo el lema “Derecho al aborto. Nosotras decidimos”, organizadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.

1982. Inicio del juicio de las 11 mujeres de Bilbao. Manifestaciones por el derecho al aborto. Presentación de una propuesta de ley de aborto elaborada por la Coordinadora feminista estatal.

1983. Febrero: Marcha de mujeres a La Moncloa impulsada por la Comisión Pro-derecho al Aborto del movimiento feminista de Madrid. El Parlamento inicia el debate sobre la despenalización de algunas prácticas abortivas. La policía disuelve con violencia a un grupo de mujeres de la Comisión pro Derecho al Aborto de Madrid, concentrado ante las Cortes. Manifestaciones en diversas ciudades españolas convocadas por la Coordinadora feminista estatal y con el apoyo de muy diversos colectivos sociales, profesionales y políticos. Octubre: se debate en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley del Gobierno socialista. Noviembre: una mujer y un hombre son condenados por un delito de aborto. Lo insólito es que la mujer había abortado en Londres. Indulto para las mujeres de Bilbao.

1984. Una mujer condenada en Santander a seis meses y un día por abortar.

1985. En abril, el Tribunal Constitucional da por bueno parte del recurso presentado por la Coalición Popular sobre la Ley aprobada y obliga a su modificación. La ley es aprobada el 3 de agosto de 1985. El primer día en el que es posible abortar en España presenta, en su puesta en funcionamiento, muchas trabas para poder llevarlo a cabo en la sanidad pública. Noviembre: en las Jornadas Feministas “1975-1985, diez años de movimiento feminista”, celebradas en Barcelona por la Coordinadora feminista estatal, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa de las Comisiones pro-Derecho al Aborto, con la práctica de dos abortos en una de las salas de los Hogares Mundet. Meses después da inicio la campaña de la Coordinadora feminista estatal “Derecho al Aborto Libre y Gratuito. Las mujeres decidimos. Estamos haciendo abortos”.

1986. Los medios de comunicación se reúnen con el movimiento feminista. En Cantabria, Tarragona, Barcelona, Asturias, Madrid, Navarra, cientos de mujeres dan a conocer que desobedecen la ley sobre el aborto, por considerarla insuficiente. Noviembre: en Madrid, el juez Valle detiene y encarcela al equipo del centro de planificación Duratón y al de la Clínica Dator, primera en abrirse en España, llevándose las historias clínicas de las pacientes. Inmediatamente, el Gobierno socialista hace público el decreto que establece los requisitos necesarios para la acreditación de las clínicas privadas dedicadas a la práctica médica del aborto. Las organizaciones feministas denuncian que en los centros de la red sanitaria pública no se puede abortar. Detenciones de dos miembros del Instituto Médico Canalejas, de Salamanca, y de 30 personas en una clínica de Málaga que dirige Germán Sáenz de Santamaría. En Almería, una mujer de 43 años es condenada por la Audiencia Provincial a la pena de un año de prisión menor e inhabilitación especial durante seis años y un día. Su delito: haberse practicado un aborto introduciéndose perejil en la vagina. Fue denunciada por el ginecólogo al que acudió posteriormente. Diciembre: la Coordinadora feminista estatal celebra en Madrid el “Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto”; en el encuentro participan unas 3.000 mujeres y se realiza un aborto ilegal para presionar al Gobierno.

1987-1988. Octubre: en Pamplona, procesamiento de cuatro médicos y una joven de 19 años por un delito de aborto, practicado en 1986. Era el primer  juicio por un aborto “legal” y practicado en un hospital de la sanidad pública. La paciente había sido sometida a muchas radiaciones en las primeras semanas del embarazo, acogiéndose al supuesto de “posibles malformaciones del feto”. En diversas ciudades, como Alicante, Barcelona y Madrid, entre otras, se produce un acoso judicial contra las clínicas autorizadas para practicar interrupciones de embarazo: incautación de historias clínicas, detenciones por la práctica de abortos, citaciones a declarar de hasta 300 mujeres en algún caso.

1989. Marzo: comienza, después de nueve años desde el inicio del proceso, el juicio contra las 8 personas del centro de planificación familiar Los Naranjos de Sevilla, inculpadas por la realización de abortos. El fiscal pide 22 años de cárcel. La sentencia condenó a un año a cuatro de las personas enjuiciadas. El Gobierno socialista las indulta en enero de 1994.

1990. Juicio de Pamplona. En enero de 1990 se celebra el juicio a los profesionales sanitarios acusados de haber practicado un aborto en el Hospital público “Virgen del Camino”. La Organización Mundial de la Salud, en su informe “Indicadores de la salud reproductiva en España”, señala que de las 135.000 mujeres que abortaron en 1989, el 78% lo hicieron fuera del marco de la legalidad vigente.

1991. Es indultado el ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría, sobre el que pesaba una condena de cuatro años de cárcel por la práctica de un aborto a una menor en 1984, agredida sexualmente repetidas veces por un familiar. Las críticas que este ginecólogo hace del poder judicial provocan que vuelva a ingresar en prisión. Febrero: la Agencia EFE señala: “Por primera vez, el Tribunal Supremo justifica un aborto por estado de necesidad”. Informe que la Fiscalía General del Estado dirige al Ministerio de Justicia pidiendo la ampliación de la legislación del aborto a un cuarto supuesto despenalizador.

1992. El Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno español que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc., por aborto. El Gobierno socialista presenta un informe sobre la realidad del aborto en el que considera necesaria la reforma de la ley de 1985.

1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podrá interrumpir su gestación hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposición de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.







2007. Agentes del Seprona se presentan en la clínica madrileña Isadora, supuestamente para revisar la gestión de residuos. Abren los contenedores sin autorización judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.  Comienza la investigación judicial de tres clínicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo católico. El director, Carlos Morín, su esposa y varios trabajadores entran en prisión por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Morín, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.

2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomalías graves del feto. A partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situación familiar problemática. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD). La otra diputada de Convèrgencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el popular José Madero votó, por error, a favor de la norma.
 

2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensión de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra también presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposición de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.  Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

2013. Diciembre. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada que establece sólo dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario" por existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.

2014: Se pone en marcha El Tren de la Libertad.................








Fuente : Empar Pineda; wikipedia

La ley Gallardón.






Texto por Francisca García Gallego, presidenta de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo).



Resulta difícil creer que nuestro país “europeo” esté a punto de sacrificar derechos y libertades de las mujeres para afianzar electoralmente a los votantes de la derecha más conservadora. ACAI pronosticó que la derogación de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y su sustitución por una nueva norma que vendrá a eliminar el derecho básico de la mujer a decidir sobre su gestación, sería la única promesa electoral que cumpliría el PP. Una vez cumplido y superado el pronóstico, resulta difícil creer que nuestro país “europeo” esté a punto de convertirse en uno de esos territorios experimentales en los que se sacrifican derechos y libertades de las mujeres para afianzar electoralmente a los votantes de la derecha más conservadora.
Estrategias electorales al margen, lo que resulta evidente es que una vez más se ha decidido que llegado el momento de las concesiones ¿quién mejor que la mujer para hacerlas?, ¿encuentran en estos momentos un recurso más fácil qué negar el derecho al aborto para contentar a los extremismos, a los radicales? No, probablemente no.

Dicho lo cual, ¿qué se esconde detrás de una concesión que imprudentemente buscan convertir en rango de ley? Detrás de esa estrategia electoral, se esconden las vidas de 112.390 mujeres que han abortado en el último año en nuestro país. Poniendo rostro a esas vidas y a las causas de sus decisiones, podemos afirmar que en España más de 100.000 mujeres abortan por razones íntimas, laborales o económicas. Mujeres que de aprobarse esta ley, tendrán que renunciar a su decisión madura, legítima e informada, ya que todas estas mujeres se acogen a la voluntariedad para interrumpir su gestación hasta la semana 14, circunstancia que no está contemplada en la norma del Gobierno Popular.

Como profesionales con más de 30 años de experiencia, podemos decir que el acompañamiento que necesitan estas mujeres durante todo el proceso, nada tiene que ver con destapar, para someter a valoración, su intimidad, sus condiciones personales y familiares, sino con la capacidad de respetar y entender sin prejuzgar su decisión, ayudándolas a que esta voluntad se cumpla en las mejores condiciones sanitarias. El Anteproyecto del Gobierno por el contrario, exige a las mujeres que abran su vida, su trayectoria íntima, su situación personal al juicio de dos psiquiatras y un asistente social; profesionales a los que muy probablemente se les exigirá una evaluación y diagnóstico preceptivo acordes con la ideología que ha inspirado esta ley; so pena de “dejar caer” sobre ellos/as todo el peso de la inseguridad jurídica si el informe previo no se ajusta a lo esperado. Una inseguridad que, sin duda alguna, también habrá de caer sobre los profesionales que realicen definitivamente la interrupción, si esta llega a producirse.




Independientemente del estrés psicosocial, e incluso físico que desencadena en una mujer un embarazo no deseado (calificado como tal por la Sociedad Americana de Psiquiatría), como médicos, sanitarios y trabajadores sociales que acompañamos a estas mujeres, no nos cabe la menor duda de que impedir a estas mujeres hacer efectiva su decisión, alargar el proceso con trámites jurídicos, legales, médicos, tiempos de espera…no solo las situará en semanas de gestación elevadas, lo cual nunca resulta deseable porque un aborto temprano siempre será más beneficioso para la mujer desde cualquier punto de vista; sino que además alterará “de manera perdurable” el bienestar físico, social y psíquico de estas mujeres sometidas a un periplo médico y vital insostenible.

¿Quiénes somos para juzgar, para sopesar lo que una mujer, su compañero, su familia es capaz de soportar vitalmente? ¿Quiénes somos para establecer el grado de sufrimiento que una mujer puede sobrellevar frente a la discapacidad grave de su hijo o hija enfermo/a? La pregunta podría parecer retórica y contestarse con un simple: nadie, no somos nadie para juzgar a esas mujeres; pero desgraciadamente el Gobierno ha decidido contestar por todas ellas anunciando que la mujer tendrá que demostrar (mediante informe psiquiátrico y dictamen preceptivo relativo a la patología fetal que habrá de ser incompatible con la vida) que la enfermedad extremadamente grave que padece su hijo o hija le provoca tal desequilibrio que su salud psíquica se ve irremediablemente afectada y que en consecuencia desea interrumpir su embarazo. El resto, las más de 3.000 mujeres que abortan en nuestro país por diversas malformaciones, pero todas ellas compatibles con la vida, ni siquiera tendrán esta oportunidad ya que su situación no es contemplada por la ley.

Contrariamente a lo que sostiene el Titular de Justicia: “la ley de 2010 quitaba a las menores de edad el derecho de ir acompañadas de sus progenitores” casi el 90% de las mujeres de 16 y 17 años informaron a sus padres de su situación y vinieron acompañadas por estos a los centros acreditados. Y eso es así, Sr. Gallardón, porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo no abandona a las menores, de la misma forma que no obliga a las mujeres a abortar.





Al margen de la situación general de esas menores, unas 500 adolescentes de 16 y 17 años abortan en nuestro país sin poder comunicárselo a sus padres. Sin embargo, todas esas mujeres jóvenes son invisibles para nuestro Gobierno, pero están ahí, son mujeres que provienen de familias desestructuradas, menores que han sido violadas en el seno familiar, inmigrantes que viven solas en el país o mujeres que simplemente serían maltratadas por su situación. De la misma manera aventuramos que el Ejecutivo no habrá pensado en el periplo jurídico que habrán de transitar las menores y sus familias en caso de desacuerdo entre los tutores y la menor. Entendemos que no habrán valorado que el embarazo es un proceso gestacional creciente y que para cuando llegue esa resolución judicial, es posible que la menor se encuentre en un avanzado estado de gestación. Pero claro, la realidad médica tampoco parece ser un elemento a considerar para estos legisladores.

Hace unos días, el Titular de Justicia afirmaba que “el aborto es contrario al juramento que todos los médicos hacen sobre la defensa de la vida", no defender la salud y la vida de más de 100.000 mujeres no solo es contrario al juramento de la profesión médica sino contrario a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar de las mujeres, derechos no solo constitucionalmente amparados sino respaldados en Pactos Civiles y Convenios Internacionales de los que el Estado Español es parte.

Más de 100.000 concesiones vitales es el precio de la apuesta de los populares. Podríamos entrar en un bucle sobre oportunidades estratégicas, pero no es el caso, porque frente al precio de una arriesgada jugada electoral, hay vidas, la vida y la salud de mujeres abocadas al éxodo abortivo o a la clandestinidad. La evidencia, Señor Gallardón, es que el problema no es el aborto, sino el embarazo no deseado, y que en consecuencia una mujer que está decidida a abortar, lo hará con ley o sin ella.


Francisca García Gallego